EL SI DE ESPERANZA AGUIRRE....A LA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR...

«Sí» a la Ley de autoridad del profesor. Pese al PSOE e Izquierda Unida


A última hora de la noche de ayer la Comunidad de Madrid dio ayer el penúltimo paso para poner en marcha la Ley de Autoridad del Profesor, una de las grandes apuestas de la presidenta regional, Esperanza Aguirre de esta Legislatura. Lo hizo sin el apoyo de PSOE e IU, que presentaron sendas enmiendas a la totalidad. Ambas fueron rechazadas gracias a la mayoría que tiene el PP en la Asamblea madrileña.

El último escollo parlamentario antes de su definitiva aprobación tendrá lugar como muy tarde el tercer jueves de marzo, donde se votará definitivamente, lo que permitirá que se la norma se pueda poner en marcha automáticamente, ya que no es necesario ninguna reforma del Código Penal, como se llegó a apuntar.

La intervención de Lucía Figar, consejera de Educación, sirvió para recordar los puntos básicos de esta nueva ley, que otorgará rango de autoridad pública a los directores y demás miembros del equipo directivo, así como para el resto de profesores de los centros educativos madrileños.

Cabe destacar que esta condición no sólo afectará a la escuela pública y concertada, como así estaba previsto en un principio en la propuesta de Aguirre, sino que también se extenderá a los centros privados, «a petición de los sindicatos escolares, UGT y CC.OO». como así recordó Figar. Dicha ampliación de la norma a los centros privados implica que al final serán 75.000 los profesores «amparados» por el texto, y no los 67.000 previstos en un principio.

Presunción de veracidad

Una de las principales características de la Ley es que esa condición de autoridad implica que los hechos constatados por los profesionales de la enseñanza gozarán de presunción de veracidad en sus declaraciones ante los alumnos en caso de conflicto.

También podrán tomar medidas cautelares cuando éste tenga lugar, y la obligación de los alumnos o sus progenitores en su defecto de reparar el daño económico que hayan hecho en las instalaciones. «El principal objetivo de la ley es fomentar la consideración y el reconocimiento público que les corresponde a los docentes de acuerdo con su importante labor en la sociedad y facilitará que puedan ejercer sus funciones en un clima de orden, disciplina y respeto», concluyó la consejera de Educación.

Por contra, para la diputada socialista Fátima Peinado (PSOE), esta norma significa la «judicialización de la relación entre alumno y profesor». Esta ley educativa, añadió, «parte de un fracaso», y «está más próxima a la legislación penal», además de descartar que fuera necesaria porque la figura del docente «está perfectamente protegida por la ley civil, penal y laboral. Si hay conflicto, basta con aplicarlas», apuntó.

IU por último advirtió que «una norma o tiene legitimidad, o fracasará», para después desearles «mucha suerte aún temiéndose lo peor».